Tras la prisión del rey Fernando VII de España, tomó el cargo de Gobernador del Reino de Chile, Antonio García Carrasco. En medio de un clima de autogobierno en las colonias americanas, García Carrasco tomó una actitud defensiva frente a los rumores que acusaban a destacados personajes del Chile de la época como José Antonio Rojas, Bernardo Vera y Pintado o el procurador de Santiago Antonio Ovalle de "difundir i sugerir la especie de que toda la suerte i felicidad de este reino consistía en sacudir el yugo de la fidelidad i vasallaje, i adoptar la idea de una absoluta independencia" (citado en Barros Arana, Diego. Historia jeneral de Chile. Tomo VIII. Santiago : Rafael Jover, 1884, p. 126).

Con el deseo de cortar de raíz todo proyecto de insurrección, el Gobernador dictó el 18 de mayo de 1810 un decreto que mandaba a que "sean examinados los testigos que sean sabedores del caso, i en vista de lo que resultare, proceder contra los culpados breve y sumariamente a fin de separarlos del territorio, i que sea este un ejemplo que contenga a los demás dentro de los límites de la sujeción, obediencia i respeto a la superioridad del gobierno de la península" (p. 126).

Tras este decreto, la noche del 25 de mayo, José Antonio Rojas, Antonio Ovalle y Bernardo Vera y Pintado fueron detenidos y procesados por el delito de conspiración.