En el verano de 1981, el régimen militar promulgó la Ley General de Universidades. Con este nuevo cuerpo legal, la dictadura no sólo daba inicio a la privatización de la educación superior -por medio de la posibilidad de crear universidades privadas sin dependencia estatal-, sino que desarticulaba completamente la red de universidades públicas existentes hasta ese momento, regionalizándolas y dividiéndolas en un sinnúmero de universidades sin mayor vinculación entre sí.

Una de las mayores afectadas fue, precisamente, la Universidad de Chile, que no sólo vio cómo sus sedes regionales comenzaban a convertirse en universidades independientes, sino que perdió también el Instituto Pedagógico.

Por otra parte, la promulgación de esta Ley cambió radicalmente el escenario del naciente movimiento estudiantil, acelerando su politización y la necesidad de pasar de la articulación a través de la acción cultural -la Agrupación Cultural Universitaria-, a una acción marcadamente reivindicativa que, a la postre, abriría el camino para la actividad política en la universidad y la refundación de las federaciones estudiantiles.