El anteproyecto de la Constitución comenzó a ser elaborado en 1976 por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, conocida como Comisión Ortúzar, por estar presidida por Enrique Ortúzar. Además, estaba integrada por Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñan, Jorge Ovalle Quiroz, Alicia Romo, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez y Gustavo Lorca. Por renuncia de algunos de ellos, en 1977 fueron reemplazados por Luz Bulnes Aldunate, Raúl Bertelsen y Juan de Dios Carmona. El Consejo de Estado, presidido por Jorge Alessandri Rodríguez, introdujo entre 1978 y 1980 modificaciones al anteproyecto, el que finalmente pasó a manos de la Junta de Gobierno, donde alcanzó su redacción final.

La nueva Constitución tuvo como principal objetivo resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el Estado y la nación. Para ello, declaró inconstitucional todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases. Estableció, además, un modelo fuertemente presidencialista (con facultad para disolver la Cámara de Diputados); un Consejo de Seguridad Nacional, cuyos miembros eran en su mayor parte militares; un Tribunal Constitucional con la atribución de resolver la constitucionalidad de los actos del ejecutivo, legislativo y organizaciones en general; Fuerzas Armadas constituidas en garantes de la institucionalidad, con comandantes en jefe inamovibles en sus cargos; un sistema electoral binominal, favorecedor de la existencia de sólo dos grandes conglomerados políticos; un Senado compuesto en parte por senadores designados; gobiernos locales presididos por alcaldes designados y severas restricciones a la posibilidad de reformar la Constitución.

La Constitución fue aprobada con el 67 por ciento de los votos a favor y 30,2 por ciento en contra, en un plebiscito efectuado el 11 de septiembre de 1980, sin que hubiese padrón electoral y bajo severas restricciones a la libertad de expresión, información y reunión. Comenzó a regir en forma transitoria a partir del 11 de marzo de 1981 y en forma plena el 11 de marzo de 1990, con la vuelta de la democracia.

El 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar se realizaron reformas constitucionales que eliminaron la existencia de senadores designados o vitalicios, entre otras modificaciones. Además, se registró la firma de Ricardo Lagos en la Constitución, en reemplazo de la del general Pinochet.