El servicio postal fue precario hasta bien entrado el siglo XIX a pesar que durante el periodo colonial, y bajo las administraciones de los gobernadores ilustrados, se realizaron varios esfuerzos por unir el territorio chileno mediante un servicio de transporte de mensajes medianamente expedito.

Una de las primeras medidas implementadas, durante este periodo, fue la creación de la Red Postal bajo la presidencia de José Antonio Manso de Velasco (1736-1745). En 1747, se nombró a Ignacio de los Olivos como el primer Teniente del Correo Mayor de Chile. Entre 1761 y 1768, el gobernador Antonio Guill de Gonzaga potenció las comunicaciones postales cordilleranas. En ese periodo las cartas provenientes de España y Europa llegaban a Montevideo y entraban al país por el paso de Uspallata de la Cordillera de los Andes, tardando incluso meses en llegar a su destino final.

Para organizar el primer correo Santiago-Buenos Aires-Montevideo, Guill de Gonzaga nombró a Ambrosio O'higgins para esas tareas. Guiado por su experiencia en el Europa, y para disminuir los tiempos de espera, el gobernador mandó construir varias casas con capacidad para 15 personas, provistas de víveres y cueros de guanaco para cobijar a los huéspedes. Estos refugios cordilleranos fueron conocidos con el nombre de "casuchas". Además, para esas funciones, seleccionó al personal entre el gremio de los arrieros.

El 20 de agosto de 1764 se normó la forma de despachar los correos y se ordenó que todas las cartas destinadas a la metrópoli dijeran España y para las colonias Indias. En 1771, el gobernador Agustín de Jáuregui nombró a Fernando de Urízar como Administrador General de Correos. Este funcionario se propuso unir Santiago y Valparaíso en un servicio semanal, debido a que la prestación era lenta y esporádica. También, fundó un correo en La Serena por la importancia estratégica de la ciudad.

En 1794, bajo el gobierno de Ambrosio O'Higgins, se dictó la Ordenanza General de Correo. Algunas de sus reglas apuntaban a la inviolabilidad de la correspondencia, el establecimiento de costos proporcionales y convencionales y, por último, el reconocimiento de que era un servicio público.