El 25 de abril de 1990 Patricio Aylwin, por medio del Decreto Supremo número 355, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tuvo como misión "establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias; reunir información que permitiera individualizar a las víctimas y estableces su suerte y paradero; recomendar las medidas de reparación o reivindicación que estimara de justicia; y recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos." (Informe Comisión Verdad y Reconciliación, pág.1)

La Comisión se abocó a la investigación de la violación a los derechos humanos con consecuencia de muerte, ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Estuvo presidida por el jurista Raúl Rettig e integrada por ocho miembros, de los cuales cuatro estaban vinculados a la derecha política.

El informe final o Informe Rettig, fue entregado por la Comisión al Presidente de la República, después de nueve meses de trabajo, según lo señalado en el decreto, el 8 de febrero de 1991. En el informe se redactaron relatos sobre violaciones a los derechos humanos, en los que se señalan los métodos empleados en dichas violaciones, la selección de las víctimas, los métodos de represión, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables. La Comisión recibió poco más de 3.400 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2.279 personas. Este documento recomendó una serie de medidas de reparación simbólica y reivindicación a las víctimas, Aylwin acogió dichas recomendaciones y mediante la dictación de la ley 19123 creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en febrero de 1992.