Desde el último tercio del siglo XVII, el archipiélago de Chiloé comenzó a salir lentamente de su estancamiento económico y demográfico como consecuencia del auge de las exportaciones de madera de alerce al Perú. Los encomenderos intensificaron la presión laboral sobre la población indígena tributaria, la que fue forzada a viajar anualmente a la costa del continente a cortar tablas de alerce, las que servían como medio de pago del tributo.

El crecimiento de la población indígena, así como el desmesurado aumento de las cargas laborales provocaron en 1712 una rebelión de la población huilliche en la zona central del archipiélago que fue aplastada a sangre y fuego. Sin embargo, los reclamos indígenas fueron en aumento desde entonces y la Corona española se vio obligada a suavizar las exigencias que los encomenderos hacían a los huilliches y a regular el pago del tributo. La política de contención frente a los abusos de los encomenderos fue también una manera de pacificar las relaciones sociales en el archipiélago, lo cual preocupaba a los gobernadores, frente a la posibilidad de que expediciones extranjeras recibieran ayuda de la población local, tal como había sucedido en 1600 con Baltasar de Cordes y en 1643 con Enrique Brouwer.