Durante el siglo XVIII, las autoridades ilustradas españolas intentaron regular el poder social de la Iglesia como un modo de reforzar el poder del monarca e imponer los nuevos patrones de comportamiento. En este sentido, los Borbones aprobaron una legislación tendiente a regular los velorios, funerales y entierros en las iglesias. La escasa ventilación, la oscuridad y el reducido tamaño de la mayoría de las iglesias convertían a estos recintos en potenciales focos de infección, atentando contra la salud y la higiene pública. Las peores consecuencias las sufrían los feligreses y los sacerdotes encargados de los templos, pues el aire que se respiraba era "malsano e intolerable". En este contexto, el gobernador del reino de Chile Ambrosio O'Higgins intentó cumplir con el mandato real de realizar los entierros fuera de las iglesias.

Los gobiernos republicanos asumieron las ideas y los proyectos borbónicos sobre los cementerios. Bernardo O'Higgins estableció el Cementerio General de Santiago, que fue el primer recinto construido fuera de los límites urbanos. Con posterioridad se originó un activo debate sobre los límites de las atribuciones de las autoridades civiles y religiosas. Paulatinamente la Iglesia fue perdiendo su carácter hegemónico ante el avance de las ideas liberales. En 1844 una ley estableció la prerrogativa presidencial de fijar los aranceles relativos a los derechos de inhumación, ampliando de este modo la tuición civil de los cementerios. No obstante, el enfrentamiento más virulento y directo ocurrió durante la década de 1870, época en que se gestó la ruptura de 1883 con la aprobación de las leyes laicas.

Para la Iglesia, las ideas liberales significaban dejar a los cementerios bajo la potestad del Estado lo que afectaba los derechos parroquiales que percibía y el simbolismo que tenía el recinto mortuorio dentro de la comunidad. Asimismo, la Iglesia se oponía a la "promiscuidad de las tumbas", esto es que dentro de cementerios bendecidos y consagrados no debía haber espacio para los cadáveres de aquellos individuos cuya sepultura católica estaba prohibida por el derecho canónico. Este conflicto fue superado momentáneamente con la aprobación de un decreto de cementerios de 1871 que permitió sepultar a los marginados por las normas católicas en un espacio debidamente separado del resto del cementerio por medio de una reja o de árboles, o bien autorizó la creación de cementerios laicos construidos con fondos fiscales o particulares.

Una vez que finalizó la guerra del Pacífico la pugna entre el Estado y la Iglesia emergió nuevamente, después de intensas discusiones parlamentarias, el 2 de agosto de 1883, el gobierno de Domingo Santa María logró la aprobación de la ley de cementerios civiles. Esta ley marginó a la Iglesia de la administración de los cementerios y permitió que se enterrara a personas de cualquier creencia religiosa, oficializando de este modo la secularización de los espacios de la muerte. Frente a la nueva realidad la jerarquía eclesiástica fundó el Cementerio Católico de Santiago.