Con el fin de establecer una política censal y "proporcionar un exacto conocimiento de las provincias y departamentos que las componen en particular", según el artículo nº 2 del Decreto Supremo nº 18, se promulgó en 1843 la Ley de censos -que indica el plazo de 10 años para los conteos- y se creó la Oficina Central de Estadística, dependiente del Ministerio del Interior.

Este marco institucional respondió a la necesidad de planificar y recopilar los datos entregados por los censos, como también de tener funcionarios especializados en estadística. Reconocidos personajes como José Miguel de la Barra, Eusebio Lillo, Francisco Bilbao y Miguel Luis Amunátegui, formaron parte de la Oficina Central de Estadística.

A cargo de esta dependencia quedó Santiago Lindsay, quien a fines de la década de 1850 presentó una publicación denominada Anuario Estadístico donde señaló que los "hombres de Estado y de ciencia hallarán en esta colección datos importantes que consultar , y útiles conocimientos que aplicar al estudio de la población, de la industria, de la salubridad, de la instrucción, de la criminalidad y de otros ramos que directamente influyen en la vida de la nación".

El Anuario se publicaría todos los años y contendría los resultados del año anterior recopilados por la Oficina Central de Estadísticas. La primera entrega abarcó los años 1848 a 1858 y los restantes fueron siendo presentados anualmente entre 1860 y 1892, conformando un total de 36 volúmenes. La serie dejó de publicarse debido a las consecuencias que provocó en la administración pública la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, siendo retomada en 1909 con otro formato.

En 1927, este organismo pasó a depender de la Contraloría General de la República, cambiando su nombre a Dirección General de Estadística. Ese mismo año, se adscribió al Ministerio de Fomento.