La ciudad de Arica está emplazada entre las desembocaduras de los ríos Lluta y Azapa, en un territorio que, por la calidad de sus suelos y la disponibilidad de agua, contrasta con la aridez predominante en el paisaje, constituyendo un ambiente propicio para el asentamiento humano. Debido a estas condiciones, las etnias locales asentadas en este territorio mostraban a la llegada de los españoles, hacia 1540, un elevado nivel de desarrollo cultural.

Durante el período colonial, Arica adquirió una importante función articuladora en el circuito de circulación de la plata, a partir del cual se organizaba la economía del Virreinato del Perú y de todo el monopolio comercial hispano en América. Para resguardar los derechos de la corona sobre la producción de metales (quinto real), la plata en bruto que se extraía en las minas de Potosí era trasladada en caravanas de mulas hasta las Cajas Reales de Arica, donde era refinada, acuñada y gravada, para luego ser embarcada hacia El Callao y atender las necesidades financieras de la administración colonial. La ruta seguía a Panamá, atravesaba el istmo y continuaba hacia La Habana, desde donde se dirigía a los puertos españoles de Sevilla y Cádiz.

Este flujo generó una intensa actividad en torno al puerto de Arica, el que además sostenía vínculos comerciales con regiones tan distantes como Arequipa, La Paz, Cochabamba e incluso Chile. La prosperidad se prolongó hasta la década de 1770, cuando la creación del Virreinato de la Plata desvió la ruta del mineral hacia el Océano Atlántico a través de Buenos Aires. Aunque seriamente lesionada en su base económica, la ciudad logró conservar parte de su actividad gracias a que continuó atendiendo la demanda por servicios portuarios de provincias vecinas, especialmente aquella originada en las emergentes industrias del guano y el salitre.

Luego de la emancipación de España, Arica pasó a formar parte del estado peruano, aunque sin las atribuciones administrativas que había ostentado en el pasado, pues por su lealtad a la causa realista durante las guerras de independencia, la ciudad debió ceder a Tacna la calidad de capital del Departamento de Arica. En relación con el comercio, Perú privilegió sus exportaciones por El Callao; Bolivia decidió desarrollar un puerto propio en Cobija; y al sur, Iquique le arrebató el mercado minero. La declinación ariqueña alcanzó su nivel más bajo con el terremoto de 1868 que, seguido de un tsunami, destruyó parte importante de sus construcciones e inutilizó las instalaciones portuarias.

Durante la Guerra del Pacífico, Arica fue ocupada por el ejército chileno y se integró definitivamente al territorio nacional luego del tratado de 1929, mediante el cual las cancillerías de Perú y Chile fijaron los límites entre ambas naciones. La administración chilena permitió a la ciudad recuperar algunas vinculaciones comerciales perdidas, ya que la entrada en servicio del Ferrocarril Arica-La Paz en 1914 -como parte de los acuerdos de 1904 entre Chile y Bolivia- le devolvieron el acceso al traslado del comercio exterior del país altiplánico. El advenimiento de la soberanía chilena abrió una nueva etapa en la historia de la ciudad, a partir de la introducción de políticas especiales para su desarrollo económico.