A principios del siglo XVIII, la llegada de la dinastía de los Borbones a la Corona española trajo como consecuencia un mayor control y sometimiento de los distintos territorios de ultramar. Es así como una de las mayores preocupaciones de la Corona pasó a ser la paz en las zonas fronterizas. Para este fin, durante el siglo XVIII el parlamento fue la instancia más importante para reunir a las autoridades de la Corona y a los distintos líderes indígenas, para tratar los problemas surgidos en la convivencia fronteriza. Las descripciones de parlamentos proporcionadas por los cronistas dan cuenta de la ceremoniosidad y suntuosidad con que éstos se llevaban a cabo. Era común que se gastaran grandes sumas de dinero, de fondos provenientes del real erario, en carnes, vinos y aguardientes para agasajar a los jefes indígenas.

Los parlamentos más importantes del siglo XVIII tuvieron su origen en conflictos surgidos entre hispano-criollos y las distintas tribus indígenas. Es así como el alzamiento indígena de 1723, que tuvo su origen en el engaño que fueron víctimas los mapuche en el comercio de sus ponchos, fue resuelto finalmente en el Parlamento de Negrete (1726) en el cual se acordó la realización de 3 o 4 ferias anuales, bajo la supervisión de la Corona. Así y todo, los acuerdos eran constantemente violados por los propios indígenas y por grupos locales de hispano-criollos, quienes lucraban con el comercio fronterizo.

A mediados del siglo XVIII, el incremento de las malocas indígenas contra estancias y el aumento del comercio del ganado traería un nuevo foco de inestabilidad en la frontera. Dicha inestabilidad se tradujo en un fortalecimiento de las tribus indígenas, quienes frente al intento del gobernador Guill y Gonzaga de hacerlos vivir en pueblos durante el Parlamento de Nacimiento (1764), se rebelaron bajo el mando del toqui Curiñancu en 1766, atacando tres poblaciones recién fundadas. Dicho alzamiento se prolongó hasta 1774, donde se sucedieron guerras intestinas entre las propias tribus indígenas y conflictos de intereses entre la elite hispano-criolla y la Corona. En contraste a la política de paz de la Corona, la elite hispanocriolla favoreció la opción de la guerra como medio de asentar su propio poder. Por ello, los relatos de batallas de algunos cronistas exageraron la gravedad del conflicto, para justificar así la prolongación de la guerra. Sin embargo, la llegada del gobernador Francisco Javier de Morales, en 1770, impuso la política de la Corona en la cual se debía favorecer la paz y los parlamentos como forma de consensuar la convivencia fronteriza.

La Corona buscó fortalecer y crear alianzas con las distintas parcilaidades mapuche para así terminar con las luchas intestinas de poder tribal y dar tranqilidad a la administración y comercio hispano en los territorios en conflicto. Poco a poco esta política se fue legitimando ante los indígenas y las autoridades españolas pudieron actuar como intermediarias para resolver los conflictos entre las tribus, denominadas lof (familia o clan familiar), rewe (rehue o rehuea: pequeña agrupación de familias que ocupa un territorio común, de uso colonial) o ayllarewe (aillarehue: confederación de varios clanes familiares) dependiendo del caso. Una muestra del efecto político de esa estrategia fue el Parlamento de Tapihue, celebrado en 1774 bajo el gobierno de Agustín de Jauregui y que puso fin a diversas hostilidades entre españoles y mapuche.

Para el resto del siglo XVIII prevaleció en la frontera una convivencia pacífica, en 1793 se efectuó en Negrete el parlamento más costoso de la época, convocado por el gobernador Ambrosio O'Higgins.