La creación de la Universidad de Chile en 1842 es un hito fundamental en la historia de la educación decimonónica y en el nacimiento de la clase profesional en el país. No obstante, el acceso a la instrucción universitaria estuvo vedado para la población femenina la mayor parte del siglo XIX, periodo en el cual aquella contaba con escasas alternativas educativas. Las mujeres podían asistir a la escuela primaria, a la Escuela Normal de Preceptoras -creada en 1854 y dirigida por las religiosas del Sagrado Corazón- y hacia fines del siglo XIX, a los primeros liceos femeninos.

La necesidad de contar con mujeres instruidas que se hicieran cargo de la educación de sus hijos o que pudieran paliar la estrechez económica con algún tipo de formación u oficio fueron materias de tempranas discusiones que animaron el debate público respecto de la relación entre mujeres y profesión universitaria desde la década de 1870.

Producto de aquel debate se promulgó, en 1877, un decreto que autorizó el acceso de las mujeres a los estudios universitarios. Dicho mandato, conocido como el Decreto Amunátegui, en recuerdo al Ministro de Educación que lo impulsó, Miguel Luis Amunátegui, se basó en tres argumentos: la conveniencia de estimular en las mujeres la dedicación al estudio continuado; la arraigada creencia de que las mujeres poseían ventajas naturales para ejercer algunos oficios relacionados con la asistencia a otras personas; y la importancia de proporcionar los instrumentos para que algunas mujeres, que no contaban con el auxilio de su familia, tuvieran la posibilidad de generar su propio sustento.

El decreto también estipulaba que las mujeres que aspiraban obtener títulos profesionales debían rendir exámenes válidos bajo las mismas condiciones a las que estaban sometidos los hombres.

Hacia fines del siglo XIX, las carreras elegidas por las primeras mujeres universitarias fueron derecho y medicina; en el caso de esta última profesión, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez son las primeras mujeres en recibir el título de médico cirujano. Pasados cincuenta años del decreto Amunátegui, la incorporación de las mujeres a la vida universitaria se había ampliado de manera sustantiva a carreras como las de química y farmacia, odontología, pedagogía, obstetricia, enfermería y servicio social. Hacia 1960, más de ocho mil mujeres habían recibido educación universitaria, constituyéndose así un grupo diverso de mujeres profesionales, concentradas en su mayoría en la capital, entre las cuales, el oficio preferido fue el de profesora de estado.

Muchas de estas profesionales pioneras, entre ellas, Elena Caffarena, conformaron y lideraron organizaciones feministas durante la primera mitad del siglo XX, a través de las cuales buscaron la reivindicación civil y política de la mujer y proteger a las más desposeídas de la sociedad.