La descentralización de la educación pública realizada durante la dictadura del general Pinochet, fue en rigor una desconcentración, es decir, una transferencia de responsabilidades del Estado a los gobiernos locales, aunque sin implicar una transferencia de mayor poder a los mismos, o una mayor participación ciudadana. Esta política estuvo basada en los principios del neoliberalismo, que reemplazó la fuerte participación del Estado en estos temas existente desde 1928, al punto de hacer desaparecer el llamado "Estado docente". De esta forma, la descentralización implicó racionalizar recursos, focalizándolos en los sectores más vulnerables de la población, lo que significó una fuerte disminución en el gasto fiscal en educación. Esto ocurrió especialmente en el aporte fiscal a la educación superior, mientras se aumentó el mismo en educación parvularia y básica, sobre todo en los grupos más pobres. En consecuencia, se logró un avance destacado en la educación especial y parvularia, por sobre la educación general.

El aspecto más importante de este proceso fue la municipalización de la educación, en el entendido que el Estado debía impulsar a empresarios privados en la gestión educacional, combinando subsidios estatales con financiamiento de privados. A esto se sumó el aumento de la subvención a particulares -los llamados 'sostenedores'- y el traspaso de centros técnico-profesionales a instituciones gremiales empresariales. Ahora bien, a esa descentralización, la dictadura militar sumó un reemplazo de orientaciones y contenidos en la enseñanza, sustituyendo materias estimadas como conflictivas por otras vinculadas a valores nacionales. En la educación superior, estos cambios se manifestaron en la llamada Contrarreforma, consistente sobre todo en la reformulación de la estructura de las universidades de alcance nacional, como eran la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Ambas perdieron sus sedes provinciales, creándose ocho nuevas universidades y ocho institutos profesionales. Desde 1977, además, el financiamiento de la educación media y superior cambió: en la enseñanza media la familia asumiría los costos, apoyada por subsidios directos del Estado. En la educación superior, en cambio, sería el propio estudiante el que costearía sus aranceles, mediante pago directo o créditos reembolsables una vez que se hubiese titulado. Esto significó una paulatina reducción del gasto fiscal en educación superior, que tendría su punto culmine a partir de la Ley General de Universidades de 1981, basada en las directrices del libre mercado, y que fue el origen de las universidades privadas en Chile.

Otro aspecto novedoso implementado, fueron las mediciones destinadas a evaluar la calidad de la educación impartida, para así medir el efecto de las políticas educacionales. Después de varios ensayos, se implementó en 1988 el Servicio de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), para la educación básica. Por último, un día antes de abandonar el poder, el régimen militar publicó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), donde regulaba el derecho constitucional de la "libertad de enseñanza". El modo de elaboración de la LOCE, su calidad constitucional que impide una reforma fácil, los escasos requisitos para abrir y sostener los establecimientos educativos y el establecimiento del lucro en la educación, fueron cuestionamientos hechos desde su aplicación.