La discusión sobre la colonización tanto de las tierras al norte de Copiapó como al sur del río Biobío -y los terrenos baldíos existentes en la zona central del Chile-, comenzó a inicios de la década de 1840 cuando se consolidó el poder político en Santiago y se presentó la necesidad de ejercer soberanía en los espacios extremos del país y de aumentar la productividad nacional, principalmente en la agricultura, ganadería y minería.

La llegada de extranjeros, su culto religioso y la ocupación de tierras indígenas no estuvo exenta de polémicas e incluso participó en ellas la Sociedad Nacional de Agricultura con su proyecto propio de colonización, junto con la Iglesia Católica y sus reparos a la llegada de comunidades europeas protestantes.

La solución al conflicto religioso fue la imposición y luego disposición política de que los colonos realizaran su culto de manera privada y sin integración de ciudadanos chilenos y menos aún de la conformación de misiones religiosas entre las comunidades indígenas, tal como se lo planteó Bernardo Eunom Philippi (1811-1852) al presidente Manuel Bulnes Prieto (1799-1866).

Frente a esto, en 1843 se formó una comisión en la que participaron los políticos Mariano Egaña Fabres (1793-1846), Ramón Errázuriz (1785-1875) y Pedro Palazuelos (1800-1851), con la finalidad de estudiar experiencias previas como la ley de migración de 1824 y los diferentes proyectos propuestos tanto por organismos privados y ciudadanos interesados en hacer negocios con la inmigración, el propio Congreso y las ideas que el gobierno tenía sobre la colonización. Con estos antecedentes, dicha comisión presentó un proyecto definitivo, el que se dictó y convirtió en ley de la República el 18 de noviembre de 1845 (Domeyko, Ignacio. Memoria sobre la colonización en Chile, Santiago: Imprenta de Julio Belín y Cía., 1850, p. 6; Durán, Carlos y Thayer, Luis. "Los migrantes frente a la ley: continuidades y rupturas en la legislación migratoria del Estado chileno (1824-1975)". Historia 369, Número 2, 2017, p. 436).

La Ley de Colonización de Terrenos Baldíos le otorgó al Presidente de la República la facultad de entregar seis mil cuadras de terreno, para ciudadanos "naturales y extranjeros" que quisiesen desarrollar alguna actividad económica en el país, con un máximo de ocho cuadras para cada padre de familia y cuatro por cada hijo en los territorios comprendidos entre Copiapó y el río Biobío, y de veinticinco cuadras por familia y doce por cada hijo mayor de diez años en los territorios al sur del Biobío y al norte de Copiapó; la entrega de semillas y útiles necesarios para el trabajo agrícola, el pago del transporte de los colonos, la exención de contribuciones o cualquier impuesto a la propiedad o producción por veinte años y la nacionalización inmediata de los colonos asentados (Anguita, Ricardo. Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1° de junio -de 1912, Tomo I. Santiago: Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1912, p. 473-474).

Esta ley se puso en vigencia de inmediato y fue el marco regulatorio para la llegada de las primeras familias alemanas que desembarcaron en el puerto de Corral en Valdivia entre 1845 y 1852, gestionadas por los hermanos Bernardo Eunom y Rodulfo Amando Philippi (1808-1904).

La ley fue acompañada de otras disposiciones, como por ejemplo, la de 1851 que entregó concesiones a los buques que trasladaran colonos desde los diferentes puertos de la república hacia Llanquihue. Posteriormente, se agregó a los efectos de la ley los terrenos baldíos de la Araucanía, luego de la ocupación militar de ese territorio. En 1861 se creó por ley la provincia de Llanquihue, que separó a los territorios comprendidos entre Osorno y Carelmapu, de las provincias de Valdivia y Chiloé respectivamente, y a la provincia de Llanquihue se le mantuvo el apelativo de "territorio de colonización".

El proceso de colonización quedó en 1888 bajo la potestad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en desmedro del Ministerio de Industria y Obras Públicas. Luego, por otra ley de 1893, se formó el Ministerio de Tierras y Colonización, que se dedicó de manera exclusiva a estas materias. Ese mismo año quedo prohibida la adquisición de terrenos indígenas que tuviesen título de dominio vigente y extendió esa prohibición desde Valdivia hasta Magallanes.

En 1899 se le otorgó el permiso legal a A. Charles Colson, promotor de una nueva empresa de colonización, para que ingresara colonos franceses en Valdivia, Llanquihue y Chiloé y se creó la Inspección General de Tierras y Colonización, encargada de fiscalizar tanto el asentamiento, las condiciones de venta y adquisición de predios y de informar sobre la situación de las comunidades indígenas afectadas por el proceso de colonización.

En 1900 se aumentó el financiamiento al Ministerio de Tierras y Colonización para la construcción de caminos y otras obras públicas, con la finalidad de mejorar la conectividad en las provincias colonizadas, y, a través de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, durante las primeras décadas del siglo XX se extendió el tren longitudinal hasta Osorno y se construyó el ramal Valdivia-Osorno.

La Ley de Colonización de Terrenos Baldíos de 1845 se mantuvo vigente hasta 1931 y en 1935 fue reemplazada por una nueva ley que respondió a necesidades distintas, principalmente en lo relacionado a la repartición de tierras agrícolas en los inicios de la discusión sobre la reforma agraria.